La decisión postergó una resolución que el oficialismo presentaba como inevitable frente a una sentencia judicial de desalojo que amenaza con dejar al municipio sin el predio donde se depositan unas 30 toneladas diarias de residuos. Pero también dejó en evidencia algo más profundo: la discusión ya no gira solamente en torno a la propiedad de la tierra, sino al agotamiento de un modelo de gestión ambiental que, según denunciaron especialistas y vecinos, lleva más de treinta años funcionando sobre la improvisación.
La urgencia judicial y el límite político
La administración municipal sostiene que la expropiación es la única herramienta disponible para regularizar la situación dominial del terreno, utilizado desde la década de 1980 y atravesado por conflictos de posesión y falta de títulos definitivos. La asesoría letrada advirtió que el municipio dispone de seis meses para resolver la cuestión y evitar un desalojo con consecuencias inmediatas para la recolección de residuos.
Sin embargo, la oposición y buena parte de los asistentes rechazaron que esa urgencia se transforme en una autorización sin condiciones para perpetuar el actual esquema de disposición final. El principal cuestionamiento apuntó a la redacción del proyecto, que se concentraba en asegurar la tenencia del predio sin incorporar de manera explícita un plan de saneamiento, remediación y cierre progresivo del basural.
El diagnóstico técnico que desarmó el discurso oficial
Uno de los momentos más significativos de la sesión fue la exposición de un especialista en gestión ambiental que asesora a distintos municipios de la región. Con un tono más cercano al informe clínico que al alegato partidario, describió la ausencia casi total de políticas públicas en materia ambiental.
“Hace mucho tiempo que se decidió no tener nada en el medio ambiente”, afirmó, al señalar que el municipio no cuenta con una estructura institucional específica para coordinar acciones. También recordó que, a pesar del cobro de tasas destinadas a la erradicación de basurales y al sistema GIRSU, la región convive con catorce basurales a cielo abierto y con una planta ambiental cuyo funcionamiento sigue siendo motivo de cuestionamientos.
El especialista insistió en que la expropiación solo puede justificarse si se integra a un instrumento más amplio de ordenamiento territorial y planificación técnica. De lo contrario, advirtió, el municipio corre el riesgo de consolidar legalmente un sitio de disposición final sin horizonte de transformación.
Los vecinos y el costo sanitario de la desidia
La intervención de los habitantes del paraje Santa Isabel y de zonas cercanas como Charbonier aportó el costado más dramático del debate. Los testimonios describieron años de humo, olores persistentes y consecuencias sobre la salud.
Uno de los vecinos relató que se había radicado en la zona buscando mejorar su calidad de vida y terminó conviviendo con quemas permanentes. “Primer año feliz, segundo año humo sin poder respirar”, resumió, vinculando esa situación con graves problemas cardíacos.
Las exposiciones reforzaron una percepción compartida: el basural dejó de ser un problema administrativo para convertirse en una crisis sanitaria y ambiental que afecta de manera directa a comunidades enteras.
Una expropiación bajo revisión
Durante el debate también surgieron preguntas sobre el manejo de recursos públicos. Se plantearon dudas acerca de los pagos realizados durante años por el uso del predio y sobre quiénes fueron efectivamente los destinatarios de esos fondos en un contexto de titularidad dominial incierta.
Ese punto alimentó la desconfianza de quienes consideran que la expropiación no puede avanzar sin garantías claras sobre su finalidad. Para los concejales que impulsaron el pase a comisión, la norma debe dejar establecido que la regularización del terreno será el punto de partida para una transición ambiental y no la consolidación definitiva del basural.
Lo que viene
Con el giro a comisión, el proyecto deberá ser reformulado. La intención expresada en el recinto es incorporar objetivos concretos de saneamiento, remediación, reciclaje y educación ambiental.
El oficialismo sostiene que no existe otro sitio habilitado por la provincia para recibir los residuos de la ciudad. Los vecinos, en cambio, reclaman que la política abandone la lógica del parche y avance hacia una solución estructural.
La votación unánime no resolvió el conflicto, pero dejó una señal política clara: incluso ante la presión judicial, el Concejo optó por discutir qué hacer con la basura antes de resignarse a que el basural continúe, ahora con respaldo legal, como parte permanente del paisaje de Capilla del Monte.