La Justicia Federal de Córdoba intimó este martes al Ministerio de Salud de la Nación, al programa Incluir Salud y al PAMI a normalizar en un plazo perentorio de 72 horas el pago de las prestaciones para personas con discapacidad. La medida cautelar, dictada por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, trae un fuerte alivio al Valle de Punilla, donde centros de asistencia y rehabilitación esenciales para la región —como la Clínica Villa Bustos, en Santa María de Punilla— sufren severas deudas en los fondos que comprometen la continuidad de los tratamientos.
El fallo responde a un amparo impulsado por la abogada Marta Lastra (referente de Defendamos Córdoba) junto a los letrados José Roque y Diego Bustos. Aunque la causa se inició por el caso individual de Martín, un joven cuya cobertura corría riesgo inminente, el magistrado resolvió admitir la acción con incidencia colectiva. De este modo, la protección judicial se extiende automáticamente a todos los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en la provincia de Córdoba.
En una resolución contundente, el titular del Juzgado Federal N.° 3 advirtió sobre la extrema gravedad de los incumplimientos del Estado nacional en su obligación de proteger a los sectores vulnerables. Asimismo, remarcó que se encuentra plenamente vigente la Ley 27.793, que declaró la emergencia en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
Las organizaciones y profesionales del sector vienen denunciando un patrón de dilaciones y evasivas por parte del Poder Ejecutivo, con deudas de prestaciones que en muchos casos se arrastran desde octubre de 2025. El ahogo financiero golpea tanto a los pequeños prestadores del interior como a grandes complejos de la provincia, entre ellos APADIM, el Centro de Vida Alegría, "Mi Lugar" o el Pequeño Cottolengo Don Orione, obligados a afrontar costos e intereses millonarios para sostener sus servicios.
La medida cautelar que frena el desfinanciamiento tendrá una vigencia de seis meses o bien hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del asunto, conforme a los lineamientos de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.