Mientras el cordobesismo derrocha marketing turístico y asfalto electoral en la capital provincial, en Capilla del Monte los vecinos padecen la desidia de una gestión local alineada con el ajuste. Radiografía de un pueblo turístico librado a la intemperie policial, entre el avance del narcomenudeo y el grito de las barriadas.
Por David Elías
El cerro Uritorco ya no es lo único que genera misterio en Capilla del Monte. Ahora, la gran incógnita para los más de 16 mil habitantes de esta localidad del norte de Punilla es saber si al regresar a sus hogares conservarán sus pertenencias o si entrarán a formar parte de la abultada y silenciada estadística delictiva de la región. En los últimos 30 días, lo que el gobierno provincial de Martín Llaryora insiste en catalogar como "delitos estacionales" o meras "percepciones", se tradujo en una seguidilla de casi veinte robos calificados bajo la modalidad de escruche, asaltos a comercios periféricos y el despojo cotidiano de motocicletas, el único medio de transporte de la clase trabajadora regional.
La postal contrasta ferozmente con los folletos oficiales. Mientras el Poder Ejecutivo provincial destina presupuestos millonarios a pautas publicitarias y la gestión municipal ensaya discursos de modernización tecnológica, los barrios populares como Las Flores, Valenti y San Antonio quedan a oscuras, convertidos en una zona liberada de hecho por la escasez de recursos básicos.
El marketing no patrulla los barrios
La gestión local repite como un mantra el funcionamiento de sus 22 cámaras de monitoreo urbano. Sin embargo, en el llano, los vecinos saben que los ojos electrónicos del Estado local padecen de miopía severa: según reportes recopilados por el portal regional La Estafeta Online tras los últimos reclamos en el centro vecinal de Barrio Valenti, los domos estatales están concentrados casi exclusivamente en el circuito de la Calle Techada y el área comercial céntrica. Las barriadas periféricas quedan a merced de la geografía y las sombras.
La respuesta policial es el reflejo de un modelo de seguridad provincial que prioriza las grandes urbes y abandona el interior profundo. Con apenas 25 efectivos por turno para cubrir una superficie escarpada y dispersa, y un parque automotor famélico que —según las reiteradas denuncias publicadas por el Diario de Carlos Paz— suele reducirse a solo tres móviles patrulleros operativos por el deterioro y la falta de presupuesto para mantenimiento, el tiempo de respuesta ante una emergencia en los bordes del pueblo supera con creces los 12 minutos. Para cuando la sirena suena, el laberinto de la impunidad ya hizo su trabajo.
La paradoja es total: Capilla del Monte sufre el impacto de un crecimiento demográfico sostenido que trajo complejas dinámicas urbanas, pero la infraestructura de seguridad sigue siendo la de una villa veraniega de los años noventa. Fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) confirman que las denuncias por robo y hurto menor en el departamento Punilla han mostrado una curva ascendente en el último año, traccionadas por la crisis socioeconómica que el gobierno provincial maquilla con inauguraciones de asfalto.
El narcomenudeo como síntoma
El avance de los "kioscos" de droga es quizás el síntoma más alarmante de un tejido social que el Estado provincial renuncia a contener con políticas de fondo. De acuerdo con los partes de prensa oficiales emitidos por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), los recientes allanamientos en el barrio El Zapato —que culminaron con el desmantelamiento de un punto de venta y la detención de dos personas dedicadas a la comercialización de clorhidrato de cocaína y marihuana— confirman una realidad alarmante: el narcomenudeo se ha transformado en el dinamizador de otros delitos menores en la localidad.
Para la justicia y el poder político cordobés, la caída de un eslabón fungible se vende en los medios hegemónicos como un éxito rotundo en la "guerra contra las drogas"; para el entramado social de Capilla del Monte, es la ratificación de que las adicciones avanzan donde el Estado se retira. Mientras tanto, las causas judiciales se acumulan en la saturada Fiscalía de Cosquín, donde la tasa de esclarecimiento real de los robos residenciales apenas araña el 35 por ciento, dejando la gran mayoría de los expedientes en un limbo burocrático.
La respuesta comunitaria ante el vacío estatal
Ante el repliegue de las fuerzas de seguridad, la solidaridad y la autogestión vecinal emergen como la única trinchera posible. Forzados por la realidad, los habitantes del norte de Punilla han tenido que migrar de los foros formales de seguridad ciudadana —hoy convertidos por la intendencia en cáscaras vacías de catarsis y promesas incumplidas— hacia redes de "Alerta Vecinal" autogestionadas por WhatsApp y la compra colectiva de alarmas comunitarias, una modalidad de protección civil que ya fue reflejada por crónicas de Carlos Paz Vivo! en localidades vecinas como La Falda y Huerta Grande, evidenciando una problemática sistémica del corredor de la Ruta 38.
Los comerciantes y prestadores turísticos miran el escenario con desesperación contenida. Saben que el silencio y la apariencia de tranquilidad son las mercancías más preciadas para resguardar la temporada invernal y los fines de semana largos, pero el rumor de la desprotección ya viaja en las reseñas de las plataformas digitales. La conclusión de la calle difiere drásticamente de los balances oficiales del cordobesismo: no hay una "sensación" de inseguridad; hay un grito vecinal concreto que choca contra los despachos cerrados de un poder político que prefiere mirar hacia el centro de la provincia antes que resolver el desamparo de sus comunidades.
