Por David Elías
Bajo el sol de La Falda, la plana mayor del llaryorismo alineó a intendentes y jefes comunales con una orden taxativa: unificar calendarios para el 2027. La supervivencia de la estructura provincial por encima de las autonomías locales. El caso de Capilla del Monte en una región marcada por la urgencia ambiental y social.
Por Redacción Córdoba
El peronismo cordobés —esa criatura anfibia que muta de piel según la estación pero jamás pierde el instinto de conservación— acaba de escenificar en el departamento de Punilla su versión más depurada del pragmatismo. Mientras las barriadas del valle padecen el frío, la falta de infraestructura y la constante amenaza de un modelo de desarrollo que choca de frente con los bienes comunes, en un hotel de La Falda la discusión fue mucho más pulcra, previsible y vertical: cómo asegurar cuatro años más de sillón para Martín Llaryora en el Panal.
La excusa formal fue el diseño del "tablero político hacia 2027". La realidad, sin embargo, se pareció bastante más a un ejercicio de disciplinamiento territorial. Bajo la batuta del secretario general de Gobierno, Gustavo Brandán, y con el despliegue local de figuras como Fabricio Díaz y Mariana Caserio, catorce alcaldes de la región firmaron el pliego de condiciones. La directiva que bajó desde los despachos del poder central no dejó margen para las autonomías municipales: las elecciones locales se pegan a la provincial. Fin de la discusión. "Eso ni se discute", filtró, con el habitual tono castrense de la burocracia llaryorista, un alto mando del oficialismo.
Capilla del Monte: la sintonía del silencio
En esa mesa de obediencia debida se sentó Santiago Arenas, el intendente de Capilla del Monte. Para el oficialismo capillense, la cita funcionó como una ratificación del rumbo: encajarse sin fisuras en el engranaje del "cordobesismo" explícito. La paradoja se escribe sola. Mientras la villa serrana arrastra deudas históricas en materia de planificación urbana, crisis hídrica recurrente y la demanda latente de asambleas ambientales que miran con desconfianza el avance del negocio inmobiliario, la prioridad de la gestión local pasa por garantizar la arquitectura electoral de la continuidad.
El alineamiento de Capilla del Monte con la orgánica del departamento no es inocente. Responde a la necesidad de blindar una gestión local que prefiere el calor del presupuesto provincial antes que el debate abierto con una comunidad atomizada pero demandante. Para Arenas, el lema de "unidad y organización" es el salvavidas ideal para evitar la dispersión y, sobre todo, para diluir los reclamos locales en una gran marea oficialista provincial. Si la boleta va pegada, el debate sobre los problemas reales de Capilla queda convenientemente sepultado bajo la maquinaria publicitaria del Panal.
La obsesión del mapa
El apuro del oficialismo provincial por cerrar filas en Punilla tiene una explicación matemática y un nombre propio: Walter Gispert. El legislador departamental, hoy en manos del juecismo, es la espina clavada en la contabilidad del poder cordobés. Para recuperar ese casillero, el llaryorismo no repara en gastos discursivos. Se habla de "gestión", pero se ejecuta estrictamente "rosca".
El análisis de situación que hicieron los comensales de La Falda revela el verdadero desvelo del oficialismo: la fragmentación ajena como única garantía de éxito propio. Miran de reojo el peso del radicalismo de Javier Dieminger en La Falda y computan con intriga el despliegue del libertario Gabriel Bornoroni en el departamento. En esa timba de aparatos, el PJ Punilla apuesta a la homogeneidad forzada. No hay espacio para las disidencias locales ni para calendarios autónomos que permitan a los vecinos de cada localidad evaluar a sus intendentes sin la distorsión de la disputa provincial.
La Pax Romana alcanzada en Punilla muestra la consolidación de un modelo político donde la gestión se confunde con el marketing de la obra pública y la democracia local queda reducida a una ingeniería de fechas. Capilla del Monte y el resto de las comunas del valle entran así en el congelador electoral del oficialismo, a la espera de que el reloj de la provincia dicte cuándo y cómo se debe votar, mientras las urgencias del territorio siguen esperando en la ventanilla de los asuntos olvidados.