El paisaje serrano de Capilla del Monte se vende en los folletos como un edén de paz, aire puro y misticismo bajo la sombra imponente del Uritorco. Pero detrás de postales turísticas diseñadas para seducir capitales y visitantes estivales, se esconde una geografía marcada a sangre, fuego y carpetas notariales: la de los dueños de nada en el lugar donde nacieron o echaron raíces. Es la historia de "los sin tierra", una deuda social estructural que desnuda cómo se moldeó a fuerza de latifundios, especulación y complicidad política el ejido de una de las ciudades turísticas más codiciadas de Córdoba.
La génesis de la expulsión: Del sabio a la patota inmobiliaria
El problema no cayó del cielo. Hundir los pies en la historia local es toparse con nombres propios que el relato oficial blanqueó durante décadas. Figuras como la del científico y terrateniente Adolfo Doering —llegado al país de la mano de la élite roquista— configuraron un mapa donde los antiguos pobladores y familias criollas fueron sistemáticamente corridos a los margenes.
¿Dónde quedaron esos inmuebles? El laberinto dominial se despliega desde las entrañas mismas del casco céntrico hasta las cotizadas laderas del Barrio El Faldeo y sectores aledaños. Allí, la maquinaria del despojo operó con precisión quirúrgica: compras a precio vil, presiones silenciosas y títulos imperfectos que, al fragmentarse las viejas extensiones de la Sociedad de Tierras Doering, dejaron a cientos de familias atrapadas en sucesiones caídas, planos fantasma y una orfandad jurídica absoluta.
En un municipio convertido en vidriera turística, la tierra dejó de ser un lugar para vivir para transformarse en una ficha de casino financiero.
El costo de habitar en el margen: Pagar caro por no tener nada
Vivir en un terreno sin papeles en Capilla del Monte no es una mera incomodidad burocrática; es una condena económica y social que castiga con saña a los sectores populares. No tener escritura en un municipio que cotiza cada metro cuadrado en dólares implica soportar un calvario cotidiano:
- La extorsión de los servicios: Al carecer de títulos formales, los vecinos quedan a merced de la desidia municipal y de las empresas prestatarias. Redes de agua colapsadas, luz eléctrica intermitente, ausencia de cloacas y calles de tierra intransitables son el paisaje cotidiano de barrios enteros que sostienen la temporada turística con su fuerza de trabajo.
- El cepo financiero: Una casa sin papeles no existe para el sistema. Las familias no pueden hipotecar, pedir créditos para mejorar sus viviendas, ni usar su propio patrimonio como garantía ante una emergencia de salud. Quedan expulsadas del circuito legal del ahorro y condenadas a la supervivencia diaria.
- El negocio de la usucapión: Intentar conseguir la escritura por la vía judicial exige un juicio de prescripción adquisitiva (veinteañal) que cuesta una fortuna. Mensuras particulares, peritajes, edictos y honorarios profesionales que se traducen en cifras siderales imposibles de pagar para un changarín, un comerciante minorista o un trabajador precarizado de la temporada.
- La vulnerabilidad ante el buitre inmobiliario: Sin un papel que los ampare, los pobladores son blanco fácil de embargos cruzados, maniobras de desalojo silencioso y la presión constante de desarrolladores que ven en esos lotes "mal regularizados" la oportunidad perfecta para levantar complejos de Cabañas o barrios cerrados.
La complicidad del poder: De espaldas al pueblo, de cara al negocio
Ante este combo explosivo, la mirada sobre los últimos inquilinos del poder ejecutivo local —incluyendo la gestión del exintendente Fabricio Díaz y su tropa alineada con los despachos provinciales— no admite matices edulcorados. La respuesta del Estado municipal y provincial frente a este drama histórico ha oscilado sistemáticamente entre la desidia cómplice y el maquillaje electoral.
Mientras los despachos oficiales se llenan la boca hablando de "desarrollo sustentable" y "ordenamiento territorial" para seducir a la cámara de turismo, las mesas de gestión y las promesas de regularización dominial se mueren en expedientes cajoneados. Los gobiernos de turno han operado históricamente como una ventanilla administrativa al servicio de la especulación inmobiliaria: priorizan la llegada de inversores externos, la extranjerización de las sierras y el aguantadero turístico por sobre el arraigo de las familias que construyeron la identidad capillense.
En Capilla del Monte, el contraste es brutal. Mientras unos pocos hacen negocios millonarios revendiendo el metro cuadrado serrano al amparo de la política de palcos y fotos institucionales, los sin tierra pagan con su exclusión el precio de habitar un paraíso que, para ellos, nunca deja de ser una trampa.